Crisis eléctrica: el PP intensifica la presión sobre el Gobierno a un año del apagón nacional

Un año después del apagón: ¿quién asumirá la responsabilidad?

A medida que se acerca el primer aniversario del apagón que dejó a España sin suministro eléctrico el 28 de abril de 2025, las tensiones políticas aumentan en torno a la falta de claridad sobre lo ocurrido y las responsabilidades involucradas. La comisión de investigación del Senado, establecida en junio pasado, ha sido escenario de numerosas comparecencias, pero los populares han decidido acelerar sus esfuerzos para esclarecer los hechos.

El Partido Popular (PP) ha manifestado su intención de llevar nuevamente ante la comisión a figuras clave como Sara Aagesen, vicepresidenta de Transición Ecológica, y Beatriz Corredor, presidenta de Redeia. Según Alicia García, portavoz del Grupo Popular en el Senado, «el Gobierno intenta desviar la atención y hacer que los ciudadanos asuman los costos del apagón». Esta semana se espera que ambas comparezcan para explicar su papel durante esta crisis energética.

Aagesen ya había defendido anteriormente la gestión del ministerio durante su primera intervención en octubre de 2025. En esa ocasión, argumentó que el apagón no fue resultado de una falta de generación energética, sino más bien un incidente fortuito relacionado con la interconexión con Francia. Sin embargo, su defensa no ha convencido a todos; críticos como el PP sostienen que las altas penetraciones de energías renovables han hecho al sistema más vulnerable.

Por otro lado, Beatriz Corredor también deberá justificar su postura ante las acusaciones sobre la responsabilidad técnica en el incidente. Durante su primera comparecencia en septiembre pasado, negó cualquier culpa directa por parte de Redeia y sugirió que otros generadores eléctricos no respondieron adecuadamente ante la crisis.

A medida que se desarrollan estas investigaciones, surgen preocupaciones sobre las consecuencias económicas derivadas del apagón. El denominado «modo reforzado» implementado tras el incidente ha incrementado los costos operativos y ha reabierto debates sobre quién debe asumir estos gastos. Tanto industrias como consumidores están sintiendo el impacto financiero sin una clara asignación de responsabilidades por parte del Gobierno o las entidades eléctricas.

A medida que se acumulan evidencias y testimonios en esta comisión, queda claro que muchos expertos consideran que el apagón no fue un evento aislado sino una manifestación de debilidades estructurales dentro del sistema eléctrico español. La transición energética avanza rápidamente; sin embargo, parece haber superado la capacidad técnica actual para adaptarse adecuadamente.