El Tribunal Supremo de EE.UU. desafía la política arancelaria de Trump: ¿Qué sigue para el comercio global?

Un fallo que sacude los cimientos del comercio internacional

El reciente dictamen del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dejado a muchos analistas y economistas en estado de alerta. En una decisión histórica, seis de los nueve magistrados determinaron que los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump en 2025 son ilegales, abriendo un nuevo capítulo en la política comercial estadounidense.

Este fallo se produce tras la demanda presentada por una empresa juguetera y una distribuidora de alcohol, apoyadas por doce Estados gobernados por Demócratas. La corte concluyó que Trump había excedido sus poderes al aplicar estos aranceles bajo la ley de poderes económicos de emergencia (IEEPA). Aunque esta norma permite ciertas acciones, no otorga al presidente la autoridad para establecer aranceles, un poder que corresponde exclusivamente al Congreso.

A pesar del impacto significativo del fallo, no todos los aranceles impuestos durante la administración Trump han sido anulados. La sentencia afecta únicamente a aquellos gravámenes aplicados mediante la IEEPA, incluyendo los dirigidos a países como China, México, y Canadá. Sin embargo, otros aranceles sectoriales, como los impuestos sobre el acero y el aluminio, permanecen intactos.

A raíz del fallo, Trump ha anunciado su intención de implementar un nuevo gravamen global del 10%, utilizando la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. Esta sección le permite abordar problemas fundamentales relacionados con pagos internacionales mediante restricciones especiales a las importaciones. Sin embargo, este mecanismo tiene limitaciones temporales: solo puede aplicarse durante un máximo de 150 días.

A medida que se desarrollan estos acontecimientos, surgen preguntas sobre cómo afectarán estas decisiones a las relaciones comerciales existentes. Los acuerdos firmados durante el último año podrían verse amenazados por esta nueva incertidumbre legal.

A pesar del fallo favorable para algunos sectores, las empresas afectadas aún enfrentan un largo camino hacia posibles reembolsos. El Tribunal ha dejado en manos inferiores la gestión de estas devoluciones, lo que podría extenderse hasta cinco años. Se estima que las devoluciones podrían alcanzar hasta $170 mil millones, lo cual representa una carga significativa para el sistema económico estadounidense.

Aunque el Tribunal ha declarado ilegales ciertos aranceles, es importante destacar que los costos asociados ya han sido asumidos principalmente por consumidores y empresas estadounidenses. Estudios indican que hasta el 90% del aumento en precios debido a estos gravámenes ha recaído sobre ellos. Esto plantea interrogantes sobre si alguna vez verán beneficios tangibles derivados del fallo judicial.

A medida que avanza esta situación compleja, queda claro que tanto el ámbito político como el económico enfrentarán desafíos significativos. Con un Congreso dividido y elecciones inminentes, cualquier intento futuro por parte del presidente Trump o su sucesor para implementar nuevas políticas comerciales será objeto de intenso escrutinio.