Crisis en el asfaltado: La guerra en Oriente Próximo amenaza 900 millones en obras viales españolas

Un panorama incierto para las carreteras españolas

La situación actual del sector de la construcción en España se ha tornado crítica debido a factores externos que han encarecido drásticamente los costos de materiales. Entre 2025 y 2026, se habían licitado881 millones de euros para obras de asfaltado, pero la escalada de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio está poniendo en jaque estas inversiones.

Desde febrero, el precio del betún, un componente esencial para el asfaltado, ha experimentado un aumento del49%. Esta situación ha llevado a muchas empresas constructoras a reconsiderar la viabilidad de continuar con proyectos ya adjudicados. La falta de revisión de precios por parte del ente público es uno de los principales obstáculos que enfrentan las empresas concesionarias. Según la Ley de Contratos del Sector Público, cualquier obra ejecutada durante el primer año no está sujeta a ajustes por variaciones en los costos.

Arturo Coloma, secretario general del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción (Ceacop), critica esta disparidad: «La administración habilita soluciones para sus problemas, pero no para las empresas que tienen contratos adjudicados». Este contraste se hace evidente al observar cómo Tragsa, una empresa pública encargada de realizar obras, ha visto crecer su facturación exponencialmente; se prevé que alcance los 2.300 millones de euros este año.

El Plan Andaluz de Asfaltado, dotado con140 millones de euros, enfrenta un futuro incierto si no se implementan revisiones adecuadas a los precios. Coloma advierte que sin estas actualizaciones, las obras podrían no solo paralizarse sino ni siquiera comenzar. En un contexto donde más del 50% de las carreteras españolas presentan deterioros graves y donde el déficit en conservación supera los 13.000 millones de euros, esta situación es alarmante.

A pesar del crecimiento notable en la actividad económica relacionada con Tragsa, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha señalado que debe haber justificaciones relevantes para el uso sistemático de medios propios por parte del estado. Esto plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán futuras contrataciones y subcontrataciones dentro del sector.

No solo las empresas están sintiendo el impacto; también los ciudadanos verán repercusiones económicas significativas debido al mal estado vial. Se estima que durante los meses estivales pasados, el sobrecoste derivado del deterioro viario podría haber superado los 270 millones de euros. Con una inversión necesaria estimada en 58.000 millones de euros solo para mantenimiento durante la próxima década, queda claro que la crisis actual podría tener efectos duraderos si no se toman medidas inmediatas.