Alemania enfrenta un dilema fiscal: más deuda y recortes sociales en el nuevo presupuesto

Un cambio radical en la política económica alemana

El Gobierno alemán, bajo la dirección del conservador Friedrich Merz, ha dado un paso significativo al aprobar las directrices del presupuesto federal para 2027 y su planificación financiera hasta 2030. Este nuevo marco presupuestario marca un giro estructural que prioriza el aumento de la deuda y el gasto en defensa, mientras que se vislumbran recortes en áreas críticas como el bienestar social.

Según las proyecciones, la nueva deuda neta alcanzará los 110.800 millones de euros en 2027, con una escalada a 152.700 millones de euros para 2030. Si se consideran los créditos de fondos especiales, el endeudamiento total podría llegar a 196.500 millones de euros, lo que representa uno de los niveles más altos desde la creación de la República Federal, superado solo por los picos durante la pandemia.

A medida que el gasto total aumenta —de 543.300 millones de euros en 2027 a 625.100 millones de euros en 2030—, se observa un notable incremento en las asignaciones para defensa, que alcanzarán aproximadamente 180.000 millones de euros. Esto representa un impacto significativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB), donde se estima que el gasto militar será del 3,1%.

A pesar del aumento generalizado del gasto, las áreas sociales y sanitarias están bajo presión. Se anticipan recortes aún no completamente definidos para 2027, junto con nuevas figuras fiscales como impuestos al plástico y al azúcar. La carga financiera también está aumentando; se prevé que los pagos por intereses casi se dupliquen entre 2027 y 2030, pasando de 42.700 millones a 78.700 millones de euros. Esto significa que uno de cada ocho euros del presupuesto federal estará destinado a cubrir esta carga.

Dentro de esta compleja situación fiscal ha surgido una tensión política palpable entre los miembros de la coalición gubernamental. El Partido Socialdemócrata ha intentado evitar ser visto como responsable directo de los recortes sociales ante un electorado cada vez más sensible a estos temas. Las negociaciones finales llevaron a suavizar o retirar algunas medidas controvertidas relacionadas con subsidios por enfermedad y cargas familiares.

A pesar del contexto adverso, se introducirá un impuesto al azúcar a partir de 2028 con el objetivo previsto de recaudar unos 450 millones anuales, destinados a mejorar las finanzas del sistema sanitario público. Sin embargo, este enfoque refleja una transición incompleta hacia una política fiscal sostenible.

A medida que Alemania navega por estas aguas turbulentas financieras, queda claro que aunque hay aceptación para aumentar significativamente el endeudamiento con fines defensivos e inversores, no hay consenso sobre cómo gestionar políticamente este ajuste necesario sin afectar gravemente al modelo social vigente.