El PP impulsa una reforma para garantizar la independencia del INE ante presiones políticas

Una propuesta clave para la estadística en España

En un contexto donde la independencia de las instituciones es más crucial que nunca, el Partido Popular (PP) ha presentado una iniciativa que busca reformar la Ley de Función Estadística. Esta propuesta tiene como objetivo principal asegurar que los presidentes del Instituto Nacional de Estadística (INE) puedan ejercer su labor sin interferencias políticas y con garantías de estabilidad en sus cargos.

Los diputados Jaime de Olano, Irene Garrido, Pilar Alía y José Vicente Marí han dirigido una pregunta escrita al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, instando al Gobierno a aprovechar el proyecto de Real Decreto que regula esta ley para establecer un marco normativo que proteja a los responsables del INE. Según los legisladores, es fundamental implementar recomendaciones europeas que estipulan criterios claros sobre el nombramiento y cese de estos funcionarios.

La necesidad de esta reforma se hace evidente tras episodios recientes en los que se cuestionó la independencia del INE. En 2022, el economista Juan Manuel Rodríguez Poo, quien había sido designado presidente del INE por la ministra Nadia Calviño, fue forzado a dimitir tras publicar datos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) que no fueron bien recibidos por el Gobierno. Este incidente ha dejado una sombra sobre la credibilidad del INE y ha motivado al PP a actuar para evitar futuros conflictos similares.

La propuesta del PP no solo busca proteger a los presidentes del INE, sino también alinearse con el Código de Buenas Prácticas de las Estadísticas Europeas. Este código establece que los procedimientos para nombrar directores deben ser transparentes y basados únicamente en competencias profesionales. Además, subraya que las razones para cesar a estos funcionarios deben estar claramente definidas en un marco legal, evitando cualquier motivo que comprometa su independencia.

A pesar de su importancia, la actual Ley de Función Estadística Pública data de 1989 y carece de mecanismos adecuados para asegurar la autonomía del INE. Actualmente, el presidente es nombrado directamente por el Gobierno sin requerir ninguna calificación específica ni aprobación parlamentaria. Esto ha llevado al PP a cuestionar si el Gobierno está dispuesto a modificar esta situación durante la elaboración del nuevo Real Decreto.

Bajo la dirección actual de Elena Manzanera, quien asumió el cargo en 2022, se han realizado revisiones estadísticas que han sido bien valoradas por Calviño. Sin embargo, este reconocimiento contrasta con las críticas hacia su predecesor y plantea interrogantes sobre cómo se percibe realmente la labor del INE dentro del ámbito gubernamental.

A medida que avanza este debate legislativo, figuras como el eurodiputado Fernando Navarrete han expresado preocupaciones sobre lo que consideran un desprecio hacia las instituciones independientes por parte del Gobierno. La respuesta evasiva de Calviño ante estas acusaciones resalta aún más las tensiones existentes entre política y estadística en España.